La esclavitud del siglo XXI existe en una sociedad civilizada. Uno de los mayores pelotazos convirtió el pretexto de introducir Uber en un negocio especulativo con tintes de ilegalidad, cuya formalización partió del entorno político para favorecer a unos cuantos elegidos

 

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Son de color negro en su mayoría y algunos los llaman cucarachas con hostil aprensión. Están a cualquier hora por numerosas calles de Madrid y amenazan con extenderse a todas las provincias de España. El Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) es un adversario demasiado poderoso porque no ha pasado por las exigencias y requisitos que el sector del Taxi desarrolló durante décadas. Conscientes del juego sucio en la competencia, los taxistas se rebelaron el año pasado. Conformaron una asociación que aglutinó a 2.000 taxistas bajo la denominación Plataforma Integral del Taxi (PIT), pero tropezaron con los excesivos honorarios que el exjuez Elpidio Silva exigía por echar a Uber de Barcelona.  Por otro lado el carácter politizado de las reivindicaciones que soliviantaron nuestro país, envilecidas por el podemismo, causaron el efecto contrario en la sociedad que percibió como irrazonable la protesta con tintes violentos, dirigidas por la izquierda radical. Con esa pérdida de credibilidad, las aguas regresaron a un tenso cauce a la espera de que se negociaran nuevas condiciones que parecen haber quedado en agua de borrajas, con el gremio resignado, rendido a la evidencia de una competencia desleal con la que es obligado a convivir diariamente. Les faltaría saber cuáles son las verdaderas condiciones de esa competencia para indignarse con mayor razón que la perdida. Algunas empresas reúnen esas características de ventajas que ha quitado la legítima ganancia al sector esquilmado, a base de imponer una explotación laboral moralmente reprochable y que, en algún caso, arriesga la integridad física de los usuarios.

Es necesario entender que Uber y Cabify son tendencias extendidas en el mundo entero. Si en otros países la liberalización del transporte de pasajeros permite a cualquier propietario de coche disponerlo para trasladar a clientes, en España se canalizó la introducción por medio de licencias que se compraron al por mayor por parte de empresarios que hoy aglutinan las mayores flotas contratando personal, bajo salario mínimo, para conducir los vehículos. Son los intermediarios de Uber y Cabify, beneficiados a nivel nacional que han monopolizado la tendencia VTC.

En muchos países la intención humanitaria de Uber consiste en brindar una oportunidad a las personas para que puedan ganarse la vida con dignidad, en tanto en España la especulación ha convertido la intención constructiva en un negocio ventajista y con favorecidos que se aprovecharon para explotarlo en propio beneficio.

La profesionalidad del taxista contrasta con la bisoñez de muchos conductores a quienes, sin ninguna exigencia de seguridad real,  se les provee de un coche para transportar pasajeros. Una responsabilidad que recae en conductores noveles y cuyas consecuencias son constatables. Quizá son aspectos que podrían revisarse en aras de una seguridad real para el pasajero, pero la sospechosa celeridad en las contrataciones, sea cual sea el nivel de conducción, obliga a pensar que existen más factores inconfesables de enriquecimiento además de las aparentes; al menos inconfesables ante una inspección de Trabajo.

No debemos confundir a los responsables de una explotación laboral deleznable con el concepto y desarrollo de Uber y Cabify, en realidad modélicos desde el punto de vista empresarial. Los VTC han llegado para quedarse, acaso como muestra de la evolución en el transporte terrestre. Cuestión aparte es el modo en que algunos especuladores han aprovechado la tendencia para monopolizarla en España. No bastaría un artículo para desentrañar los secretos mejor guardados de una estafa moral que se practica en la contratación de conductores, con la preeminencia de  empresas cuyo afán de ganancia roza los límites de la legalidad.

Los pasajeros son los ingenuos interesados que ignoran el estado del coche durante los traslados. La especulación juega con sus vidas a fuer de mantener una ingente flota de vehículos que en algunos casos circulan con graves taras, susceptibles de ignorarse hasta que se demuestra evidente el paso por el taller. Los intermediarios son empresas a las que con razón el gremio del Taxi acusó de competencia desleal, si bien los verdaderos partícipes de este ventajismo empresarial son de responsabilidad institucional. Así lo saben miles de conductores que afrontan jornadas propias de esclavitud en unas condiciones de precaria salud. Son conscientes de que detrás de la engañosa publicidad que busca contratar conductores a granel, se esconde una actividad cuyas lagunas legales habría que investigar para conocer el porqué de estas actividades ventajosas carentes de inspecciones rigurosas y periódicas. Sobre todo en el ámbito de la contratación laboral.

La realidad es que más allá de las formales y legales cuarenta horas semanales, se fuerza mediante coacción e imposición de severo e inflexible reglamento interno, a que el trabajador añada cuatro horas diarias más a lo firmado expresamente en un contrato que resulta ser un espejismo legal, encubridor de condiciones infrahumanas que han provocado accidentes al no disponer los conductores de tiempo para descansar.

La esclavitud del siglo XXI existe en una sociedad civilizada. Uno de los mayores pelotazos convirtió el pretexto de introducir Uber en un negocio especulativo con tintes de ilegalidad, cuya formalización partió del entorno político para favorecer a unos cuantos elegidos. De las comisiones por enriquecimiento a cuantos compraron flotas de coches para explotar la oportunidad, solo se podría saber si se indagara quiénes dejaron el camino expedito para que las licencias tuvieran un coste inicial de 25 euros hace unos pocos años, cuando hoy una de esas licencias se vende por cincuenta mil. Una aberración de trasunto empresarial puesto que los orígenes que han convertido a una capital como Madrid en espacio experimental donde pululan a sus anchas los VTC, fueron casi de gratuidad frente a las costosas inversiones que suponía una sola licencia de Taxi. Encima a costa de los trabajadores que conducen y callan, propensos a accidentes por falta de descanso.

Las comisiones de Uber y Cabify se las llevan los intermediarios usando a los trabajadores para pagarlos un mínimo salario, en contraste con las ingentes ganancias que aportan a diario.

Así la situación que impera por falta de una reglamentación que constate los derechos y deberes de unos y otros, se celebran elecciones para elegir a los sindicatos que se sentarán a negociar un convenio específico para el conductor VTC. Unas elecciones que ya han pretendido monopolizar los sindicatos mayoritarios, intentando copar también los comités de empresa en el sector. En este caso, con la sospecha de que, bajo esos intereses mayoritarios de los taxistas, se conviertan en el caballo de Troya para vulnerar las capacidades de los conductores, implosionando desde el sector los derechos de los trabajadores y obstaculizando el auge de la competencia.

Falta por ver si a pesar de los recelos, es posible una conciliación eficaz que redunde en beneficio de los trabajadores y complemente el transporte de los viajeros; un nuevo capítulo se va a escribir, con el pacto del convenio en este largo conflicto de adaptación laboral, con la estrecha vigilancia del Taxi.

Las espadas están en alto con una actitud negociadora por parte de las compañías que aglutinan las mayores flotas, dispuestas a acordar un concierto justo y equitativo. Una intención que contrasta con la lógica de los representados, quienes dudan que vayan a ser expresados con eficacia habida cuenta de que quienes pueden formar los comités de empresa son los mismos que defienden los intereses sindicales de los taxistas. Una desconfianza del todo lógica cuando todavía es patente la beligerancia, en espera de las futuras negociaciones que podrían convertirse en el mejor modo de mantener la ventaja del Taxi en detrimento de las nuevas tendencias.

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