En La Tribuna de España se ha denunciado incontables veces la pedofilia y pederasta que impera en el mundo, demostrando que no es un problema aislado, sino un problema de Estado

 

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Nos referimos a la pederastia de alto rango, mucho más atroz que el que un candidato de Ciudadanos fuese detenido por ofrecer 500 euros a niñas por imágenes sexuales  o a que un concejal socialista sea detenido con más de 64.000 vídeos pedófilos de extraordinaria  dureza, incluso con bebés.

Ya en nuestra participación en la Conferencia Patriótica de Lisboa expusimos varios de los casos que se dieron, no sólo en Europa, sino en España. El silencio presente ante tales acontecimientos, y las pruebas remitidas, nos permite intuir que existe un pacto tácito o implícito que (valga la redundancia) implica a la política y la justicia: es decir, existe una protección judicial e institucional de  la pederastia. A esto hay que añadirle la complicidad mediática que, no sólo esquiva tal aberración social (como lo que habría hecho MediaSet, grupo que pagó 100.000 euros por no emitir un programa que comprometía a Odón Elorza, según afirmó el letrado Mario Díez en una entrevista) sino que centraría sus esfuerzos en dejar bien patente que la pederastia es algo común únicamente en el ámbito religioso o familiar (en su mayoría hombres blancos heterosexuales divorciados) como mostró en sus reportajes de “En el punto de mira”, hablando de pederastia en la Iglesia, tal y como podemos comprobar aquí.

Si bien el “Caso Bar España” se conoce como el caso más grave de pederastia en toda la Península, la “prensa del sistema” no lo ha mencionado en ningún momento de estos veinte largos años que transcurrieron desde el presunto comienzo de los hechos, todo lo contrario a lo que sí han hecho los bloguers y youtubers… Así como Josele Sánchez, el único periodista valiente que se ha hecho eco del tema. Además de eso, también ha proclamado la corrupción de jueces, fiscales, políticos y medios de comunicación en la protección del delito de la pederastia.

De hecho, la mejor investigación policial sobre pedofilia llevada a cabo en Europa, se realizó desde España, por parte de la Guardia Civil (modificando el Código Penal para contemplar la figura del agente infiltrado y así, continuar con dicha investigación). Este proceso se suspendió según las órdenes de una juez española, quien obligó a darla por terminada y concluir el trabajo policial cuando, casualmente, se encontraban en la fase de identificación de sujetos criminales pertenecientes a una macro red pedófila europea.

Según se ha publicado, esta investigación se habría paralizado porque un conocido fiscal español aparecía entre los “presuntos” pedófilos.

El “Caso Alcácer”, mundialmente conocido y al que los medios de comunicación se han molestado en dejar patente que fue un mero crimen machista (como muestra el documental de Netflix) realizado por dos delincuentes comunes (uno de ellos heroinómano).

El entonces ministro de interior de España, José Luis Corcuera, por orden directa del presidente Felipe González, ordenó al director general de la Guardia Civil cerrar el caso en falso. Y así se hizo.

Como bien se ha comentado al principio de este artículo, la pederastia es un problema de Estado, pero no exclusivamente nacional: más allá de las fronteras la sociedad sigue corrompiendo a los niños. Hugo González, corresponsal en México de La Nueva Tribuna de España, califica (muy acertadamente) de escándalo y vergüenza las violaciones de niños que son amparadas por políticos e Iglesia. Comenzó haciendo referencia al reciente discurso del gobernador Miguel Barbosa (quien declaró que en el DIF estatal tienen documentados casos de venta de menores) para ir exponiendo los hechos del pasado más significativos relacionados con el abuso infantil.

“La proliferación de albergues para niños abandonados o receptores de niños internos por familias que padecen precariedad económica se ha convertido en un cíclico asunto mediático para el que no existe voluntad política ni respuesta gubernamental definitiva”.

La “Casa de Mamá Rosa” es un buen ejemplo de ello, el cual deja en el aire la pregunta de cómo una institución con tantos cientos de internos, con acuerdos con entidades públicas y muy conocida en el país pudo cometer tal cúmulo de monstruosidades sin que nadie interviniese antes.

Los niños tutelados en España también son el objetivo de las perversiones más oscuras, y no sólo están muy lejos del amparo del sistema, sino que, los servicios que sí tienen intención de ayudarles, están faltos de medios. Es uno de los motivos por los que la Guardia Civil no abrió investigaciones de pornografía infantil este año. Según datos facilitados por “La Opinión Coruña” se incorporaron los ordenadores incautados para poder investigar, porque son más potentes que los suyos propios:

«Somos dos para toda la provincia, tenemos muchísimo trabajo. De pornografía hacemos casos, pero aún estamos acabando los informes del caso de julio del año pasado», relata Piñeiro que calcula que, para ver enteras todas las filmaciones de uno solo de los discos incautados necesitaría «tres años y medio» de trabajo, sin hacer nada más, así que, en la unidad intentan agilizar los plazos como pueden. «Este año no iniciamos ninguna operación porque tenemos mucho trabajo atrasado y porque van saliendo cosas urgentes que hay que atender», relata Piñeiro.

¿Qué clase de mundo es este que no protege a las futuras generaciones? ¿Somos conscientes del irreparable daño que sufren los más pequeños?

¿Así tratamos a quienes deben estar bajo el abrigo de nuestro cuidado? ¿Hasta qué punto vamos a permitir que auténticos lobos de clase alta sean los que abusen de nuestra propia familia?

Una Sociedad que no protege a los niños, es una sociedad que merece ser destruida.

 

 

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